La entidad ruralista expresó en su informe que los valores de las tasas se dan de manera “arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones”.
La entidad ruralista expresó en su informe que los valores de las tasas se dan de manera “arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones”.
SIGUEN LOS CRUCES

Tras el polémico informe de Carbap sobre las tasas, la entidad ratificó la “veracidad de los datos expuestos”

El trabajo de la institución agropecuaria, que causó malestar en algunos jefes comunales, salió a respaldar el trabajo presentado. “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la precisión en la información”, expusieron.

La semana pasada, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), desató la polémica cuando difundió un informe sobre el valor de las tasas municipales de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Ahora, la entidad agropecuaria ratificó “la veracidad de los datos expuestos”, pero aclaró que el mismo “tuvo como único objetivo reflejar el importe que deben abonar los productores según la boleta que emiten los municipios”.

El informe titulado “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, despertó enojo de varios jefes comunales que, puertas hacia adentro, dejaron en claro sus posiciones en un contexto donde la cobrabilidad es muy baja.

Otros, directamente, salieron a mostrar su malestar públicamente. Uno de ellos fue el máximo mandatario de Chivilcoy, Guillermo Britos, tildó a la información brindada por Carbap, como “falsa y malintencionada”, al colocar a su distrito como uno con los costos más elevados de la tasa vial en la Provincia.

Britos, además, comentó que invitó a Carbap a “recorrer los más de 1500 kilómetros de caminos rurales que hay en el distrito, donde ya han estabilizado los reales con piedra caliza y escoria”. “Sin ninguna duda, evidentemente hay una mala intención que buscó dejar mal parado al municipio. Si fuera cierto uno se lo tiene que aguantar, pero en este caso es mentira”, cerró enojado.

En tanto, la entidad ruralista expresó en su informe que los valores de las tasas se dan de manera “arbitraria, sin justificación técnica ni planificación, con diferencias de hasta ocho veces entre distintas jurisdicciones”. En este escenario, el informe destacó que entre los municipios con mayor presión fiscal por hectárea se encuentran Chivilcoy, donde la tasa, mostró la entidad en un gráfico, alcanza los $17.321 por hectárea/año, lo que equivale a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 kilogramos de soja.

Britos contó que previamente a que se publicara este estudio el secretario de Hacienda del municipio participó en una asamblea con los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Rural de Chivilcoy y donde estuvo presente Carbap.

Allí el funcionario mostró los valores que se iba a cobrar por hectárea por tasa vial. “No sé si la mala intención fue de Carbap o de quienes le pasaron la información”, remarcó el intendente, quien fuera antes comisario y que en un primer momento el presidente Javier Milei, por entonces candidato presidencial, lo había lanzado para la gobernación bonaerense.

Tras la polémica, que tomó una fuerte repercusión, Carbap aclaró que su trabajo tuvo como “único objetivo reflejar el importe que deben abonar los productores según la boleta que emiten los municipios de la provincia de Buenos Aires”. Y explicaron que “no tiene como objeto analizar eficiencia de uso de recursos, inversiones realizadas ni transparencia de los gastos de cada municipio”.

Además, la institución aclaró que en el trabajo presentado “no se realiza ninguna evaluación sobre la calidad del servicio prestado, ni sobre la adecuación del monto cobrado”. “Tampoco se contemplan posibles descuentos para contribuyentes sin deuda o pago anticipado, beneficios disponibles en varios municipios”, anexaron.

Además, cuestionaron al jefe comunal Guillermo Britos: “En los últimos días trascendieron acusaciones infundadas de parte del intendente de Chivilcoy referidas a datos contenidos en el informe”. A modo de respaldo, expusieron dos boletas de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, donde se detallaron los montos a abonar. 

“Una parcela de 69 hectáreas, con un valor total de $99.600. Esto equivale a $1.443,47 por hectárea por mes, resultando en un monto anual de $17.321 por hectárea. Y en una parcela de 108 hectáreas, con un valor total de $149.700, lo que representa un costo anual de $16.663 por hectárea”, revelaron.

Además, Carbap explicó que “las nuevas boletas, correspondientes a las cuotas 4, 5 y 6, han llegado con una actualización de valores, lo que eleva el costo anualizado a más de $19.000 por hectárea”. “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y la precisión en la información con el objetivo de reflejar de manera fiel el impacto económico de estas tasas sobre los productores agropecuarios”, cerraron.

 

Más tasas

Desde Carbap, alertaron que en al menos 33 municipios de la Provincia de Buenos Aires (sin contar los del conurbano bonaerense), se han sumado nuevas tasas a las boletas de la Tasa por Conservación y Mantenimiento de la Red Vial, lo que incrementa la carga impositiva sobre los productores rurales.

El concepto más común entre estas tasas adicionales es el de “seguridad rural”, lo que, en la práctica, implica cobrar un impuesto extra a quienes viven y producen en el campo para acceder a un derecho fundamental que debería estar garantizado por el Estado con todos los impuestos ya pagados.

Para la institución, eso genera una sensación de desigualdad, como si los habitantes rurales fueran ciudadanos de segunda categoría, obligados a pagar de más por un servicio que, en muchos casos, no se ve reflejado en una mejora real de la seguridad.

Sin embargo, la lista no termina ahí. Algunos municipios han incluido en la misma boleta conceptos tan diversos como educación, servicios asistenciales, alumbrado, transporte, higiene y otras cuestiones que poco tienen que ver con el mantenimiento de los caminos rurales. “Este desvío de fondos y la incorporación arbitraria de nuevos gravámenes resultan injustificables, evidenciando una falta de transparencia en la administración de los recursos y una creciente presión fiscal sobre el sector productivo”, soslayaron.

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